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El nuevo programa regional aumenta las ayudas hasta 9.000 y 15.000 euros

febrero 29, 2016

La Junta abre una línea especial para reformas energéticas, que puede llegar a financiar el 100% a familias sin recursos

Nuevas medidas para fomentar la rehabilitación de viviendas y con una línea especial destinada a la mejora de la eficiencia energética de los hogares. Son algunos de los objetivos que se ha marcado la Junta de Extremadura con la modificación del Plan de Vivienda 2013-2016, el aprobado por el anterior Gobierno regional. El actual equipo considera que ha servido para bien poco y se propone con las modificaciones dar un impulso a la rehabilitación, según señala a HOY María Isabel Moreno Duque, secretaria general de Arquitectura y Vivienda de la Junta.

El tope de las ayudas regionales para rehabilitación general era de 4.000 euros y ahora se aumenta a 5.000. Se trata de obras de conservación y accesibilidad, es decir cualquier reforma general. Además, se eleva la cuantía a 6.000 euros si los peticionario son jóvenes o mayores de 65 años. Los ingresos topes se fijan en 4,5 veces el Iprem. Asimismo la ayuda puede llegar a 8.000 euros si se acometen reformas para eficiencia energética, que se elevarían a 9.000 en el caso de jóvenes y personas mayores. Aquí el tope de ingresos es de 6,5 veces el Iprem. Para toda la región, la Junta ha consignado en sus presupuestos de 2016 un total de tres millones de euros.

Al margen de estas líneas de ayudas se ahora crea otra específica para la rehabilitación energética de las viviendas, dotada con otros tres millones de euros en 2016. En este caso las ayudas pueden llegar al 60% de la reforma, con un tope máximo de 15.000 euros, o incluso al 100% del coste si se trata de familias desfavorecidas, aunque el tope en estos casos también es de 15.000 euros.

Ademas, otro cambio significativo en la regulación es la eliminación del sistema de concurrencia competitiva, con lo que las ayudas se concederán directamente con solicitudes que se podrán presentar durante todo el año, sin límites de plazos y convocatorias.

También se elimina la obligación de que el solicitante contrate los servicios de un agente rehabilitador. Será un opción, pero no una obligación, con lo que supone también un ahorro de gastos.

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