El consumo de energía en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de las viviendas nuevas tendrá que bajar una media del 48% sobre los niveles actuales, de acuerdo con la revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE) que ultima el Ministerio de Fomento, para adaptarlo a las exigencias normativas de la UE.
El anterior equipo ministerial pensaba sacar a información pública la nueva versión del CTE -la norma que fija los requisitos mínimos de calidad de los edificios- de un modo inminente, pero se ha retrasado, a la espera de que se asiente el nuevo equipo de José Luis Ábalos. Sin embargo, los técnicos del Ministerio ya están divulgando su contenido, advirtiendo que puede estar sujeta a modificaciones por el cambio político en la cúpula.
Eso hizo ayer Luis Vega, coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible del Ministerio, durante un acto organizado por las asociaciones A3e y Ashrae en el marco de la feria de Genera, en Madrid.
El nuevo CTE, en el ámbito de la energía, profundiza en las líneas de la anterior versión y converge con las recomendaciones y normativas que está aprobando la UE, sobre todo las relativas a los denominados Edificios de consumo de energía casi nulo -equivalen a los de categoría A en la escala de calificación energética-, que deben cubrir sus necesidades de energía térmica -e iluminación en el caso del terciario- con energía renovable producidas in situ o en el entorno.
Nuevos indicadores
Entre las principales novedades hay nuevos indicadores y requisitos para evaluar mejor el rendimiento energético de los inmuebles y garantizar una mayor aportación de renovables. Por ejemplo, se medirá el consumo de energía primaria total del edificio y se exigirá un mínimo del 50% de contribución energética verde en el consumo de agua caliente sanitaria.
Globalmente, las energía limpias deberían cubrir un 50% del consumo, con independencia de su zona climática, y dará igual la fuente -incluida la aerotermia con elevado rendimiento- cuando ahora solo se refiere a la fotovoltaica.
El objetivo del nuevo CTE es que el consumo de energía se reduzca en todos las zonas climáticas una media del 48%, hasta alcanzar unos umbrales de consumos térmicos de 25 a 40 kWh por metro cuadrado al año. Vega reconoció que puede parecer un objetivo muy alto, pero insistió en que se pretende generalizar una práctica de calidad en la construcción que ya se está consiguiendo.
Obras un 2,5% más caras
Según las estimaciones del Ministerio, las nuevas exigencias apenas incrementarán un 2,5% el coste de la obra nueva y su amortización dependerá del uso que se haga de las instalaciones del edificio. Un 30% de los costes de los inmuebles son energéticos.
Unas 450.000 casas y pisos podrán optar a las subvenciones que se convocarán antes de un mes, a principios de julio
Las nuevas ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética dan el salto al medio rural puesto que a los edificios residenciales se sumarán en esta convocatoria las viviendas unifamiliares, la construcción habitual en los pueblos y localidades medianas de Castilla y León. Además, estas dos líneas, que se convocarán a principios de julio, amplían el parque que puede recibir fondos públicos, puesto que se exige que tengan una antigüedad mínima de 23 años.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ultima la convocatoria de esta línea que se suma a la destinada al alquiler de viviendas, que se podrá solicitar entre el 21 de junio y el 20 de julio. También el próximo mes los interesados podrán presentar la documentación para acogerse a las subvenciones destinadas a la mejora de la conservación, seguridad y accesibilidad, así como a la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Éstas dos nuevas líneas, a las que podrán concurrir 450.000 casas y pisos, suponen el arranque del nuevo Plan Estatal de Vivienda (2018-2021), que contempla en conjunto una financiación durante los próximos cuatro años de 102 millones de euros, 78 de ellos procedentes del Estado y 24 millones directamente de los presupuestos de la Comunidad. El aumento de fondos permite aumentar los posibles beneficiarios, como las viviendas unifamiliares, si bien se establece el límite de cinco veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) -7.519,59 euros al año-.
Por un lado, las vinculadas a la conservación, como la de eficiencia, se destinan a construcciones residenciales colectivas y viviendas unifamiliares finalizadas antes de 1996, cuando anteriormente se exigían que hubieran sido construidos en 1981. Al igual que en las convocatorias anteriores, los requisitos que deberán cumplir los edificios son que al menos el 70 por ciento de su superficie construida sobre rasante debe tener uso residencial de vivienda y que al menos el 70 por ciento de las viviendas deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatario.
Las ayudas se harán cargo de actuaciones sobre la cimentación y la estructura, las cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías o la adaptación a la normativa vigente de instalaciones comunes -electricidad, fontanería, gas, saneamiento, residuos o telecomunicaciones-. También incluirán la instalación de ascensores si viven personas mayores o con discapacidad, sistemas de información o aviso, dispositivos de comunicación con el exterior y obras para facilitar la accesibilidad.
Un 35% menos de consumo
Las ayudas para la mejora de la eficiencia energética exigen que se logre una reducción de la demanda energética anual global de al menos el 35 por ciento, frente al 30 de otras convocatorias. Prevé subvencionar cambios en la envolvente térmica de la vivienda, con cambios en las carpinterías, acristalamientos o dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.
También financiará la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventalización para el acondicionamiento térmico o el incremento de la eficiencia energética de los existentes. Además, recoge la colocación de equipos de generación o que empleen energías renovables, como la solar fotovoltaica, biomasa o geotermia. Además, en los edificios residenciales, se añaden actuaciones en los ascensores e iluminación común, en la redes de suministro para reutilizar las aguas grises y pluviales; para la recogida y separción de los residuos, la optimización de sistemas de riego de la parcela o la colocación de fachadas o cubiertas vegetales.
7,3 millones y 2.700 viviendas
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente resolvió en noviembre del pasado año la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y distribuyó los 7,3 millones previstos para las obras de mejora entre 99 comunidades de propietarios y otros once edificios de propietarios únicos, resultando como destinatarios un total de 2.705 viviendas y locales.
Los beneficiarios de las subvenciones destinadas a la rehabilitación recibieron en 2017 el doble que en 2016, hasta un máximo de 8.800 euros por vivienda frente a los 4.400 de la convocatoria anterior, y el mismo incremento experimentaron también las cuantías individuales para las actuaciones de conservación y mejora de la calidad y la sostenibilidad, que pasaron de 800 a 1.600 euros, así como las de mejora de la accesibilidad, que llegaron a los 3.200 euros.
Más ayudas
Castilla y León contará con una aportación estatal máxima de 77,92 millones para subvenciones en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo. Este importe representa un incremento de más de 34 millones de euros con respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016, que ascendió a 43,47 millones en el caso de la Comunidad.
Para poder lograr esta cuantía máxima, Castilla y León, como el resto de las comunidades y ciudades autónomas, tendrá que aportar un 30 por ciento adicional a la financiación que le corresponde en este plan. El nuevo plan cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones. Este importe arroja un incremento del 62,46 por ciento con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013-2016 (888 millones de euros).
La gestión de las ayudas del plan corresponderá, como en los anteriores, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. La colaboración entre ellas y el Ministerio de Fomento se instrumentará mediante los convenios correspondientes, en los que se establecerá la previsión de financiación a aportar en cada anualidad por la Administración General del Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y de Melilla.
El 54% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. Una cifra que, según el informe sobre Desarrollo Urbano del Banco Mundial, se incrementará hasta llegar a 6.000 millones de personas en 2045.
Esta urbanización está trayendo consigo enormes desafíos. Entre ellos, el empeoramiento de la contaminación por el aumento de emisiones, el deterioro de las infraestructuras y el aumento de la generación de residuos constructivos, con su consiguiente dificultad de reutilización o reciclaje. De ahí que el concepto de ciudad sostenible haya cogido más fuerza que nunca, tanto desde el punto de vista de la construcción, como desde el enfoque del uso eficiente de los recursos, el progreso social, el crecimiento económico estable y la erradicación de la pobreza.
Pero ¿cómo se “construye” una ciudad sostenible? Los expertos de Sto, compañía alemana especializada en la elaboración de soluciones y elementos constructivos para la edificación sostenible e innovadora, explican las principales premisas a tener en cuenta:
¿Dónde se está construyendo? Se habla de ciudades sostenibles de una forma muy global, y lo cierto es que no hay una definición cerrada de las pautas que deben seguirse para conseguir esta premisa. Dependerá del tipo de edificación del que se trate y del país del que se esté hablando. Así, la sostenibilidad de las ciudades se enfocará de diferente manera si estamos en España, en Chile o en Estados Unidos.
El ahorro de energía es un elemento importante, pero no el único. La eficiencia energética es uno de los elementos más importantes de la sostenibilidad, pero no el único. Normalmente, cuando se usa este concepto se habla de ciudades que consuman poca energía, de edificios con altos niveles de aislamiento o de la promoción de instalaciones que busquen el ahorro (calderas de bajo consumo, iluminación led, integración de energías renovables para la producción de electricidad, etc.). Muy pocas veces se habla de ambientes saludables, del uso de materiales naturales, con bajo contenido de carbono o reciclados, de la adecuada elección de procesos constructivos, de hábitos de conducta adecuados o de cambios en la usabilidad de los edificios con el objeto de incrementar su vida útil.
Normativas que entiendan bien qué es “sostenibilidad”. Aunque las pautas que deben seguirse variarán, han de tenerse en cuenta todas las variables que engloban este concepto. En España, por ejemplo, hace poco se ha hecho una propuesta de modificación del documento de energía y salubridad del código técnico en materia de construcción, incluyéndose en el concepto de sostenibilidad el punto de vista de la salud. De este modo, ahora se empieza tener en cuenta que los edificios dispongan de un ambiente salubre, sin posibilidad de proliferación de moho, algo que la normativa no recogía, permitiendo edificar con puentes térmicos.
Inversión en I+D+I. La investigación está ayudando enormemente a la sostenibilidad en la construcción mediante la creación de nuevos productos innovadores, que permiten sustituir los aditivos químicos por otros basados en componentes naturales, la instalación de sistemas que hagan uso de energías renovables, la optimización del aislamiento térmico, la puesta en marcha de nuevas modalidades de producción, etc.
La rehabilitación, también sostenible. Construir de forma sostenible no solo afecta a la obra nueva, también a la rehabilitación. Cuando hablamos de este concepto, hay dos vías de actuación: quitarlo todo o trabajar encima. Si se quiere ser sostenible, el camino estará en destruir lo mínimo posible para no toparse con la dificultad de no poder reciclar ciertos materiales por problemas de procesamiento.
El punto de vista económico también influye. Para evitar que la búsqueda de ciudades sostenibles desemboque en urbes imposibles de gestionar económicamente, han surgido numerosos estándares constructivos que, aparte de analizar el gasto energético, la huella de carbono o el origen de los materiales, realizan valoraciones económicas para que este gasto no sea excesivo. Ahora mismo, es muy difícil cumplir con todas estas variables y, si no se hace bien, se corre el riesgo de incumplir con la optimización económica de los recursos, uno de los pilares de la sostenibilidad.
La promoción del conocimiento y la educación. Tres de los hándicaps constructivos a los que se enfrenta la ciudad sostenible son que se trata de una actividad multidisciplinar que requiere de modelos empresariales específicos, de conocimientos especializados a nivel conceptual y técnico y de nuevos perfiles profesionales específicos. Aquí la formación y la educación juegan un papel crucial. Por otro lado, estaría la falta de concienciación de la sociedad en general, que hay que trabajar promoviendo la idea del cuidado del entorno y de las ventajas de hacerlo: reducción del gasto energético de vivienda, mejora del confort y de la salud, optimización del entorno urbano en el que se vive, aumento del valor patrimonial de las propiedades…
https://www.yaencontre.com/noticias/vivienda/en-que-consiste-el-certificado-breeam/
El Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method, es un certificado del todo voluntario que consiste en un método internacional que nos permite medir el grado de sostenibilidad ambiental en los edificios.
De todos es sabido que las viviendas que están en venta o alquiler deben llevan certificado energético. Un sello que indica la sostenibilidad del piso. Según el tipo de letra que tenga, de la A a la G, sabremos cuál es la relación de un edificio con el medio ambiente. Sin embargo, existen otros certificados que son mucho más precisos sobre este asunto. Es el caso del BREEAM, el Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method, un certificado del todo voluntario pero que empieza a convertirse en un auténtico argumento de compra.
Esta certificación consiste en un método internacional que nos permite medir el grado de sostenibilidad ambiental en los edificios. Para ello se tienen en cuenta diferentes puntuaciones en las diferentes fases de la construcción. Desde el diseño, la construcción, el mantenimiento, el acondicionamiento y la restauración.
Dentro de esta metodología se evaluan 10 categorías del edificio en cuestión: gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso del suelo, ecología, contaminación e innovación. Una vez se tiene la nota de cada una de las categorías se hace una media ponderada. El resultado final nos permite certificar el edificio como aprobado, bueno, muy bueno, excelente y excepcional.
El certificado que nació en Reino Unidos en 1990, se ha ido extendiendo poco a poco a diferentes paises del mundo como los paises nórdicos, Hong Kong o Nueva Zelanda. En el caso de España cada vez son más los propietarios que se suman a la iniciativa. Actualmente ya son 32 las promotoras que han requerido este certificado como garantía de construcción sostenible.
Actualmente, el encargado de gestionar el BREEAM en España es el Instituto Tecnológico de Galicia. Un certificado que aunque no es obligatorio contribuye a la construcción más respetuosa con el medio ambiente que además, ofrece grandes beneficios tanto económicos como sociales a todas las personas implicada, en el ciclo de vida de un inmueble. Desde el constructor, al propietario, al inquilino, todos salen ganando.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2841245
El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado hoy de forma inicial la modificación de la ordenanza municipal para incrementar las ayudas de conservación y rehabilitación en la Ciudad Vieja y Pescadería.
La ordenanza incluye también una ayuda complementaria según ingresos para la rehabilitación de viviendas en toda la ciudad, con el fin de impedir tanto que se creen zonas excluyentes como que se fomente la gentrificación.
Desde el gobierno local han incidido que la aprobación de esta ordenanza, además de mejorar la conservación del patrimonio, aporta herramientas ?para solventar problemas demográficos y asentar población?.
Tal y como recoge la ordenanza, las viviendas ubicadas en la zona Pepri y en los núcleos tradicionales que estén catalogadas podrán obtener hasta 12.000 euros, frente a los 5.000 actuales, para realizar obras de conservación de los elementos comunes.
En el caso de los inmuebles sin catalogación, las cuantías generales para vivienda suben a 9.000 euros, mientras que para vivienda unifamiliar se fijan en 12.000 euros.
Además, la modificación prevé un aumento de los porcentajes máximos de los edificios sin catalogación en todo el ámbito de la ciudad que pasan del 10 % al 30 %.
Según fuentes municipales, la modificación busca el principio de progresividad, dando más facilidades a aquellas familias en una situación más precaria.
De esta forma, la modificación aprobada incluye la extensión de los criterios de renta como ayuda complementaria en todas las categorías de subvención a la rehabilitación que existen-
La modificación de la ordenanza aumenta el máximo de ayuda del 10% al 30% como norma general, además de un complemento (que se divide en tres tramos según los ingresos anuales.
Por otro lado, las personas mayores de 70 años o con movilidad reducida podrán tener ayudas del 50 %, con 6.000 euros de límite por vivienda.
Las ayudas para los locales comerciales de la zona Pepri también subirán del 25 % al 50 %, con un límite de 12.000 euros.
La Consellería de Infraestructuras e Vivenda financiará con 216.412 euros la rehabilitación de seis antiguas viviendas en el Concello de Vilardevós, dentro del marco de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas de maestros, otros oficios y otras viviendas de titularidad municipal.
La convocatoria para 2018 de las ayudas fue realizada en el pasado mes de diciembre, con una dotación presupuestaria de 948.332 euros, lo que supuso un incremento de más del ochenta por ciento de las ayudas concedidas en el ejercicio anterior.
Pueden beneficiarse de estas ayudas de rehabilitación los concellos de menos de 20.000 habitantes, en los que existan peticiones de vivienda inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia.
Las viviendas resultantes de la rehabilitación deberán ser destinadas por los concellos a alquiler social, para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud de ayudas en régimen de evaluación individualizada para subvencionar honorarios técnicos de la redacción de anteproyectos de rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo. El objetivo de la convocatoria, dotada con 30.000 euros, es que las personas beneficiarias de la subvención conozcan el estado de conservación del edificio, el alcance de las posibles actuaciones de rehabilitación, su previsión presupuestaria y posibles subvenciones.
Estas ayudas se unen a las otras dos convocatorias ya publicadas para subvencionar honorarios técnicos de la redacción de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) regulados en el Decreto Foral 108/2014 de 12 de noviembre y para honorarios técnicos de redacción y gestión de Proyectos de Intervención Global (PIG) en conjuntos residenciales de Pamplona según el Decreto Foral 61/2013, es decir para llevar a cabo actuaciones previstas para la regeneración energética de barrios. La primera está dotada con 550.000 euros y el plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre. La segunda cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y pueden presentarse solicitudes hasta el 31 de octubre.
